Argentina: sectas sin ley (y ciudadanos en total indefensión)

El domingo 7 de octubre de 2006, el cuerpo de Juan Ramón González, un niño de 12 años, fue encontrado a 100 metros de la estación terminal de Mercedes, en la provincia de Corrientes. Ramoncito, como se lo conocía en las calles de la ciudad, en las que vendía estampitas, había sido violado, torturado, empalado y decapitado. También le quitaron la piel, la sangre, la lengua, los ojos, la laringe y varias vértebras, según reveló el fiscal que intervino en el caso, Gustavo Schmidt. Por el relato de una testigo, luego se supo que el niño fue víctima de un grupo religioso cuyas creencias combinaban cultos afrobrasileños y argentinos, que incluían la realización de sacrificios humanos como parte de sus ceremonias.

Según leemos en el diario argentino La Voz del Interior, el caso correntino fue un episodio extremo e inusual entre los que habitualmente ocurren en Argentina vinculados a grupos religiosos o filosóficos, que a veces tienen características de grupos cerrados y sectarios, pero que en muchas otras ocasiones funcionan camuflados como inofensivas escuelas de artes marciales, academias de yoga, asociaciones new age, grupos de retiros espirituales, de coaching o que postulan nuevas y más naturales formas de vida.

Los casos se repiten. No hay año en que no se conozca por lo menos una docena de hechos en los que las víctimas de estos grupos –cuando se atreven a hacerlo– denuncian haber sufrido abusos, violaciones, estafas y coerciones psicológicas y económicas de una muy variada gama.

Entre los casos más conocidos en los últimos años se encuentra el del riojano Ricardo Javier Ocampo, llamado Maestro Amor, a quien le abrieron causas judiciales en Catamarca y La Rioja luego de haber sido acusado de abuso sexual por algunos adolescentes y jóvenes cuyas familias eran seguidoras espirituales suyas. También fue muy difundido el caso de Argentina Works, grupo que manipulaba psicológicamente a sus seguidores a través de una serie nivelada de talleres de coaching. O el caso de la Orden de Laicos de María del Rosario de San Nicolás, dirigido por el ex diputado peronista por la provincia de Buenos Aires Segundo Rolón, quien se proclamó Papa y anunció que antes de fines de 2008 se haría cargo de la Casa Rosada luego de la que consideró “inminente” caída de la presidenta Cristina Fernández.

Argentina todavía se debe el debate sobre cómo actuar frente a estos grupos que violan los derechos humanos de miles de personas. Para cuidar la libertad de culto, consagrada en el artículo 14 de la Constitución, el Estado nacional interviene lo menos posible y solamente lleva un registro en la Secretaría de Culto en el que hoy están inscriptas unas 2.500 congregaciones.

Pero, un primer aspecto que salta a la vista es que la enorme mayoría de los grupos que terminan protagonizando episodios de las páginas policiales no están inscriptos ante la Nación. Muchos no se consideran a sí mismos religiones ni cultos, y buena parte de ellos no están estructurados en jerarquías, no poseen una red de templos ni libros sagrados que los equiparen con los credos más institucionalizados.

Las víctimas de estos grupos descubren entonces que no tienen un marco legal que los ampare, y que las autoridades –llámense funcionarios del Ejecutivo, legisladores, fiscales, jueces o fuerzas de seguridad– muchas veces no están preparadas para actuar cuando se enfrentan a este tipo de casos. Así es común encontrarse con familias que han perdido contacto con sus hijos, padres o nietos, captados y mantenidos en situación de aislamiento por grupos con características sectarias, y que suelen recibir como respuesta que, si no hay delito de por medio, las autoridades no pueden hacer nada.

“Si no me denuncian un hecho que encuadre en lesiones, en una estafa, en un abuso sexual agravado, por decir algo, no puedo intervenir, no puedo hacer nada”, admite un fiscal de la ciudad de Córdoba que el año pasado recibió la denuncia de una madre que no veía a su hija hacía más de un año ni conocía a su nieto recién nacido, ambos instalados en un grupo new age, que no permite el ingreso de extraños en su templo ubicado en un rincón serrano.

En busca de una ley. Miles de argentinos sufren todos los años la indefensión jurídica que significa que el país no cuente con instrumentos legales eficaces para enfrentar el problema de las sectas, tal como se ha hecho en otros lugares del mundo. Francia aprobó en 2001 la ley About-Picard, para generar herramientas penales que sirvieran para controlar el fenómeno sectario, no solamente en sectas sino también en empresas o ámbitos escolares o familiares, y para defender los derechos humanos de sus víctimas.

La ley francesa creó órganos públicos especializados contra las sectas y les restringió el acceso a la categoría de asociación religiosa. Uno de los principales aportes de la norma es reconocer situaciones como la coerción psicológica o manipulación mental, el abuso fraudulento, el estado de ignorancia o de sujeción en que suelen encontrarse las personas captadas, la alteración del juicio, etcétera, todas figuras que no han sido siquiera discutidas en la legislación argentina. Esta ley prevé la disolución de cualquier grupo que haya recibido dos condenas con sentencia firme por motivos como corrupción de menores, ejercicio ilegal de la medicina, manipulación psicológica, abuso de confianza, etcétera.

Argentina, como dijimos, sólo cuenta con un Registro Nacional de Cultos. Su directora, Andrea De Vita, no respondió los pedidos de entrevista ni el cuestionario que este diario le envió sobre el tema.

En opinión de Alfredo Silletta, especialista en el fenómeno sectario y autor de más de una decena de libros sobre la temática, la existencia del Registro “beneficia a los grupos sectarios argentinos. Las sectas descubrieron que la inscripción les permite argumentar ante la sociedad una supuesta ‘legalidad’, además de recibir los beneficios de tener exenciones impositivas para sus templos. Ni en México ni en Brasil ni en la mayoría de los países europeos hay registros de cultos. En dichos países funciona el Código Penal y el Civil para todos los ciudadanos por igual”.

La preocupación por la falta de un marco legal para las sectas quedó reflejada tres meses atrás en un foro debate realizado en la ciudad de Corrientes, la provincia en donde ocurrió el asesinato de Ramoncito, para enfrentar la criminalidad de las sectas.

Funcionarios de la Corte Suprema de la Nación, psiquiatras forenses, fiscales que han llevado casos de abuso ocurridos en grupos sectarios y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis María Cabral, fueron algunos de los asistentes al encuentro, declarado de interés parlamentario por la Cámara de Diputados local, que puso especial acento en analizar la criminalidad que ocurre en contextos religiosos.

José Humberto Miceli, director del Gabinete de Investigaciones Antropológicas de Corrientes, que organizó el foro, dijo a La Voz del Interior que “el fenómeno sectario se está agudizando en todo el nordeste argentino. Influye mucho lo geopolítico, porque Corrientes es la única provincia argentina que colinda con tres países.

“Los grupos brasileños umbanda y quimbanda, y derivaciones de varios cultos, tienen asentamiento en nuestra ciudad y se despliegan por Misiones, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y sur de Entre Ríos. Algunos grupos incluyen la práctica de sacrificios unida a cultos locales como el del Señor de la Muerte o la magia negra. El fenómeno está también relacionado con la trata de personas y la prostitución infantil, y el segmento etéreo con el que están trabajando en materia de acólitos incluye a niños desde los 5 hasta los 17 años”.

Según Miceli, en Argentina se está “en total indefensión ante el fenómeno, la tipificación penal del sistema normativo es insuficiente para combatir estos delitos y hay una gran falta de preparación de los organismos policiales y judiciales, que no están entrenados para ver el fenómeno y tienden a ignorarlo. Se necesita un tratamiento epistemológico y metodológico desde los ámbitos de la administración de justicia con una perspectiva transdisciplinaria”.

Si bien la legislación sobre las sectas es una cuestión que debería enfrentar el Congreso, la provincia de Córdoba es la única del país que tiene en su Legislatura un proyecto para crear un programa provincial de prevención y asistencia a las víctimas de grupos que usan técnicas de manipulación psicológica.

Nuevas religiones. No es casualidad, ya que ésta es la provincia con mayor variedad y número de nuevas religiones y grupos esotéricos, varios de los cuales poseen características sectarias y han sido objeto de diversas denuncias públicas. La autora del proyecto, Nadia Fernández, dijo que confía en que la iniciativa será aprobada este año. “La idea es que estas familias puedan ir a la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito y encuentren personal especializado que los ayude”.

El proyecto se encuentra en la comisión de Legislación General, donde su titular, la justicialista María Amelia Chióffalo, coautora de la iniciativa, dijo que “la idea es tratarlo prontamente en el recinto”. Hay buena voluntad del Gobierno para que esto avance”. “Se trata de algo importantísimo porque el tema de las sectas invade la esfera de lo privado, afecta lo social, lo familiar y es algo urgente, en lo que hay que capacitar a legisladores y al Poder Judicial, para que esto se trate a nivel nacional”, puntualizó la legisladora.

Fuente: Boletín RIES 169 - 19.09.10